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Empresas y usuarios se rebelan contra el nuevo impuesto sobre los carburantes

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E l nuevo impuesto de la Xunta sobre los carburantes, que entrará en vigor a partir de enero, se ha encontrado con el rechazo unánime de todos los sectores implicados, desde empresarios hasta consumidores, sindicatos y partidos políticos, que no están dispuestos a asumir la carga de un tributo que, a su juicio, pone en peligro la creación de empleo y la competitividad de las empresas y afecta directamente a la economía familiar. Cuando todavía no se han cerrado las heridas de la catástrofe del Prestige, el Gobierno gallego apuesta por una medida controvertida para conseguir recursos adicionales y poder así inyectar inversiones a la sanidad y al medio ambiente, aun a costa de granjearse la oposición de usuarios y empresarios que hablan ya de posibles huelgas para frenar este impuesto.

Las buenas expectativas con las que salió el pasado lunes de la Consellería de Economía el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, después de conocer un avance de los presupuestos para 2004 se ven ahora ensombrecidas por el anuncio de este nuevo impuesto sobre los carburantes. "Esta medida podría frustrar uno de los objetivos prioritarios del próximo ejercicio que es la creación de empleo", advirtió ayer el responsable de la patronal que no dudó en advertir que el tributo "no es bienvenido" por los empresarios gallegos.

En su opinión, la necesidad de la Xunta de obtener más ingresos no justifica "el establecimiento de nuevos impuestos". "La presión fiscal no debe aumentar en Galicia y no estamos de acuerdo con esta medida", sentenció Fontenla, quien anunció además que demandará al Gobierno gallego que "modifique" la creación de esta tasa, incluida en el proyecto de presupuestos que el Consello de la Xunta aprobará hoy.

Uno de los sectores más afectados por la aplicación de este impuesto será el de los transportistas. "Los empresarios van a montar en cólera y cuando se enfadan, puede haber paros. Se va a montar una guerra". Así, de contundente de mostró ayer la gerente de la Asociación de Transportes Discrecionais de Mercancías de Pontevedra, María �lvarez.

Según explicó, gravar los carburantes con este impuesto puede ser crítico para los transportistas. El 80 por ciento son autónomos y una tercera parte de los costes que tienen estas empresas son precisamente para comprar gasóleo. �lvarez no descarta que pequeños empresarios se vean obligados a cerrar ante la imposibilidad de soportar la carga impositiva y su pérdida de competitividad en el mercado.

Desde la Asociación de Transporte de Mercancías por Carretera de Ourense se aboga porque la Xunta libere al sector de pagar este impuesto, igual que quedarán excluidos la pesca y la agricultura.

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados", advirtió el presidente de los transportistas de Ourense, Antonio Veiga.

El impuesto también irá en detrimento del transporte de viajeros, según vaticinó el responsable de la Federación Galega de Servicios de Transporte en Autobús, José Luis Liñares, que cree que se encarecerán los billetes de los viajes y, a consecuencia, perderán usuarios. A su juicio, esta medida supone "un paso atrás" por parte de la Xunta.

Los taxistas gallegos todavía no terminan de creérselo pero advierten que si se aplica este impuesto se movilizarán.

También entre las estaciones de servicio se habla ya de protestas para frenar la aplicación de un impuesto, que, según denuncian, puede acarrearles una pérdida importante de clientes. "Se puede producir un boicot a las gasolineras de Galicia porque repostar en Lugo o en León tendrá una diferencia de coste de 0,02 euros", se quejó el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio.

A las empresas distribuidoras de gasóleo la medida les afecta menos porque, según explicaron, ellos actúan como "meros recaudadores del estado, sin sueldo ni beneficio". Aún así, la Asociación Galega de Distribuidoras de Gasóleo mostró su oposición por esta medida que perjudica tanto a los profesionales del transporte.

Consumidores

Pero la aplicación de este impuesto no sólo repercutirá sobre las empresas. Los usuarios también pagarán más cuando llenen los tanques de sus coches. "La Xunta ha optado por la forma menos justa y menos solidaria de conseguir financiación extra", censuró la Asociación Gallega de Consumidores.

La oposición también consideran "injusta" la creación del tributo sobre los carburantes. El diputado del BNG, Xesús Veiga Buxán, cree que el impuesto "aumentará" las diferencias sociales y supondrá la implantación de "una política regresiva" en Galicia. De la misma forma, se manifestó la socialista Dolores Villarino que denunció que el impuesto perjudicará el bienestar de las familias gallegas, que ya tienen las rentas más bajas de España.

A CC OO y UGT le preocupa, sobre todo, las "graves consecuencias" que esta medida tendrá en el empleo. Para la Unión General de Trabajadores el impuesto es una "auténtica chapuza".

Aunque el tributo engrosará las inversiones en materia sanitaria, ni siquiera la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública está a favor de su aplicación. "Se necesitan fondos pero debería pagar más quien más tiene. Este tributo es regresivo", critican.

José Antonio Orza: "No habrá negociación ni supresión. Es indefinido"

El nuevo impuesto que grava los carburantes nace con carácter de perdurar en el tiempo y la Xunta no tiene intención de negociar una rebaja de su tipo impositivo ni, mucho menos, suprimirlo, pese a la reacción social, en el debate presupuestario que se desarrolle en el Parlamento de Galicia. "No se va a reducir ni suprimir durante el debate presupuestario. Es indefinido y la decisión se ha tomado tras una rigurosa reflexión", aseguró ayer el conselleiro de Economía, José Antonio Orza.

El conselleiro defiende la necesidad de recurrir a fuentes de financiación alternativas para hacer frente a la cada vez mayor demanda de una "sanidad de calidad" y a las importantes obras de recuperación medioambiental y saneamiento de aguas para dar cumplimiento al mandato de la UE. Sostiene que con el impuesto se crea un "marco estable y permanente" de previsión financiera y que en caso contrario, habría que recortar gastos de los capítulos de educación, servicios sociales o proyectos de infraestructuras. "Es mejor acudir a recursos adicionales que recortar estas partidas", comentó Orza.

El titular de Economía defiende la oportunidad de aplicar ahora este impuesto, a pesar de que las consecuencias del Prestige aún no han tocado fin. "Eso está ya reconducido y ahora estamos en el momento de relanzar la economía gallega", explica.

Añade Orza que la nueva tasa supone sólo una "gota de agua" que para nada va a interferir en la economía gallega ni en los niveles de competitividad que ha alcanzado el tejido productivo de Galicia y que la recaudación del impuesto apenas llega al 0,08 por ciento del PIB gallego.

El conselleiro cree que habrá gente que no entienda el impuesto, pero que otra parte importante de la población, con o sin coche, entenderá la necesidad de buscar financiación para la sanidad. Además, añade que los accidentes de coche provocan una aumento del gasto sanitario y que los conductores deben ser conscientes de ello. "Hay un cierto copago", concluye.

Fuente www.farodevigo.es