Martes, 7 Jul. 2020

Actualizado12:21:09 AM GMT

Estás en Val Miñor La economía resiste al «Prestige»

La economía resiste al «Prestige»

Correo-e Imprimir PDF
Los sectores productivos de Galicia no se verán seriamente
afectados por el vertido del petrolero de Bahamas, pese a que los daños medioambientales son incalculables.

La oficina del comisionado del Gobierno para el Prestige estima que los daños totales ocasionados por el petrolero ascenderán a 700 millones de euros. Los aspectos económicos del Prestige pivotan en torno a las actuaciones de la Administración Central, que en definitiva es la que tiene esas competencias en el sistema legal español.

Una primera reflexión que se deriva de los datos relativos a la catástrofe del Prestige es que Galicia no se verá afectada económicamente por la marea negra, y que su trayectoria económica podrá seguir su marcha previa sin graves distorsiones exteriores, todo ello entendido en términos materiales, de contabilidad nacional. Sin embargo, eso que no significa que la tragedia del 13-N no haya supuesto un grave perjuicio medioambiental difícilmente ponderable, así como un tiempo de angustia, impotencia y humillación.

La calidad del medio ambiente y de la vida humana individual y social no se registran en la contabilidad económica. No sólo por dejadez o por cinismo, sino porque sería imposible hacerlo de manera sistemática y objetiva. Es responsabilidad y cometido de otras disciplinas. Pero el método específico de la economía permite aislar una faceta de la catástrofe según sus propias reglas que es conveniente desplegar.

Se estima que el daño económico a los afectados se moverá en torno a los 100 millones de euros. Afortunadamente, y en líneas generales, podrán ser compensados en el grueso de sus perjuicios por las indemnizaciones del Fondo de Indemnizaciones de Daños por Hidrocarburos (Fidac).

Los 150 millones de euros que abonará este seguro naviero cubrirán esta partida, y quedarán en torno a 50 millones adicionales para sufragar una parte de los desembolsos de las distintas administraciones españolas -central y autonómicas-para la tarea de limpieza y regeneración. Pero no serán suficientes, serán precisos otros 550 millones más.

Las ayudas de Europa

El gobierno estima en 200 millones de euros los recursos que llegarán provenientes de distintos fondos europeos. Esta componente, salvo una pequeña parte de nueva asignación, consiste en la reorientación de fondos ya previstos para España, aunque referidos a otros fines. En este sentido, no supone nueva ayuda a España, sino una autorización para reasignación de transferencias, lo que encierra una pérdida objetiva de medios nacionales. Aun así, para Galicia y otras comunidades afectadas son nuevas ayudas, ya que suponen atender en ellas una necesidad que, de otra manera, tendrían que acometer con recursos propios. Aquí se da una redistribución solidaria de medios estatales, pero no una nueva solidaridad interestatal en Europa. Tan sólo una tolerancia para facilitarle a España que atienda su nueva contingencia.

La mayor partida individual es la concebida para las acciones judiciales, de 300 millones de euros. Es lo que intenta conseguir el Gobierno con sus demandas en los tribunales internacionales. Pretende que pague la empresa certificadora y la compañía armadora, que fueron las responsables originarias de que el Prestige se accidentara. Y eso sin descartar otros implicados en la tupida maraña de sociedades implicadas. No será nada fácil conseguir estos objetivos. Por razones políticas, se tiende a imputar al Gobierno el desenlace de la catástrofe.

Piratas del mar

En España y Galicia somos masoquistas fiscales, porque eso supondría que tendríamos que pagar esas cantidades de nuestros bolsillos. Y con la política internacional tan revuelta, no faltará quien exima de responsabilidad a los piratas del mar para imputársela al Gobierno español. Pero, en el peor de los casos, el impacto en la conomía gallega sería muy limitado. Afortunadamente, España ya no es un país de pandereta económica, sino una entidad muy desarrollada que crece mucho más que Europa. Aun en el caso de que fracasaran todas las demandas judiciales del Estado, la incidencia total del Prestige sólo alcanzaría el 0,05% del PIB, una cifra sin capacidad de alterar la marcha de la economía general. Así se ha demostrado en los dos primeros trimestres del 2003, durante los cuales España ha mantenido una senda de crecimiento que es la afortunada anomalía de los grandes países europeos.

Apoyos

En circunstancias como ésta no debemos olvidar el sentido de las claves de un Estado democrático. De no contar con el apoyo estructural y solidario del resto de España, legalizado en el sistema de asignación de competencias, Galicia habría sufrido un daño en torno al 1% de su PIB, lo que sí es una cifra respetable. De ahí que deduzcamos que sería conveniente una respuesta gallega que correspondiese a ese apoyo objetivo.

Es decir, que las entidades de Galicia retiren los recursos judiciales que responsabilizan a la Administración, que podríamos pagar todos los españoles, y que se apoye puntual y selectivamente, para este caso, al Gobierno en sus demandas judiciales.

También que se defienda en todos los foros internacionales, también en el oportunista Parlamento Europeo, que la culpabilidad real es la de los piratas del mar, quienes, por su ambición sin escrúpulos, trajeron a nuestras costas una bomba que no estaba en condiciones de navegar. Así se contribuiría a que, en adelante, se las midan mejor antes de enviar otro desguace flotante.